Originalmente publicado en Chile Corrupción.
Francisca Linconao ha sido imputada por su participación en el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay y se encuentra detenida en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Muchas personas, sintiendo misericordia de ella por diversas razones, reclaman que sea liberada. Estas personas han sido respaldadas en su reclamo por instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico o el Servicio Nacional de la Mujer en Los Lagos y por autoridades políticas como el Concejo Municipal de Valparaíso y el diputado por el distrito 60mo (Magallanes y Antártica) Gabriel Boric.
Quienes solidarizan con Linconao argumentan, de mala fe, como si ella ya hubiera sido juzgada y estuviera detenida de manera arbitraria, puesto que su acusación no descansa sobre evidencia material, sino sobre el testimonio de José Peralino, quien confesó públicamente su participación en el homicidio de Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mackay la noche del 03 de enero del 2013. Así lo hace un grupo de actores y cantantes en un video que fue difundido recientemente: ellos no solamente señalan que no hay evidencia material que implique a Linconao en el crimen, sino que además sentencian con total seguridad y la autoridad que les confiere la fama «ella es inocente». Creo que esto debería bastar para que el Ministerio Público retire sus acusaciones y el Poder Judicial desista de proseguir con el caso: un grupo de actores y cantantes declaró que Francisca Linconao es inocente y, por lo tanto, debe serlo, ¿no? Esta declaración se contradice contra lo que el mismo grupo exige al comienzo del video —un proceso justo—, pero no nos vamos a detener en detalles o pequeñeces: lo que ellos dicen debe pesar más que la ley.
Ellos omiten, por supuesto, que Linconao no ha sido condenada aún, sino que recién tiene la condición de imputada. Esta omisión hace creer, como ellos pretenden, que Linconao fue juzgada y se encuentra detenida sin razón alguna, pero lo cierto es que ella fue delatada por uno de sus cómplices en el homicidio que cometieron junto con varias otras personas.
Este grupo de actores y cantantes también interpone la condición de que no hay evidencia material que implique a Linconao con el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay. Si aplicamos este criterio, pues, también deberíamos dejar libres a quienes cumplen condena en Punta Peuco (y dejar completamente vacío este recinto penal), puesto que ellos están detenidos —al igual que Linconao— sobre la base de testimonios y no de evidencia material. Creo que el grupo de actores y cantantes ya no disfrutaría tanto del argumento que han interpuesto si este fuere utilizado en este otro sentido.
Las instituciones y autoridades que mencioné al principio han acentuado la condición de machi (médico brujo) de Francisca Linconao, lo cual le otorgaría autoridad espiritual e inmunidad judicial. Estas mismas instituciones y autoridades, sin embargo, no defendieron al sacerdote Fernando Karadima cuando fue acusado de abusos deshonestos contra muchachos que no eran imberbes. Un sacerdote católico es una autoridad espiritual mucho más reconocida en nuestra cultura que un médico brujo, pero la corrección política —también propia de nuestra cultura— obliga a defender al médico brujo —que es foráneo y, por lo tanto, estúpido e indefenso— y juzgar como igual al sacerdote —puesto que él sí tiene condición humana y puede defenderse.
El Colegio Médico, convocado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también ha intervenido a favor de Linconao, aduciendo que la vida de ella está en peligro a causa de la huelga de hambre que ella misma decidió iniciar el 22 de diciembre pasado. En un anuncio sensacionalista, un miembro del Colegio Médico, Enrique Morales, insinuó que Linconao podría morir dentro de los próximos días si no vuelve a consumir alimentos. La consecución de este noble fin, de acuerdo con él, no podría alcanzarse convenciendo u obligando a Linconao, sino solamente accediendo a la exigencia de ella de que le sea revocada la prisión preventiva.
Ya sabemos que tanto Linconao cuanto quienes cumplen condenas en Punta Peuco deberían ser dejados en libertad porque los testimonios no constituyen una herramienta suficiente como para juzgar culpable de algo a una persona. Ahora también sabemos —gracias a Dios— que la prisión preventiva debe ser suspendida cada vez que sus afectados lo soliciten y sin cuestionamiento de por medio. ¿Cómo no les dijeron esto a Raúl y Gustavo Aravena, quienes fueron aclamados por unos y vilipendiados por otros luego de perseguir y matar a Juan Jorquera, quien les había robado un vehículo? Y aquí hay otro punto en el que coinciden los defensores de Linconao y que puede desprenderse de la propia declaración de su delator (José Peralino): que es legítimo matar a quien nos ha arrebatado nuestra propiedad (o la que consideramos nuestra), puesto que el derecho de propiedad es inviolable y el derecho a la vida es relativo.