Si bien el Poder Judicial está en planes de volver a una presencialidad normal sin burbujas, su implementación despertó varias críticas, particularmente desde un sector de alrededor de 500 empleados que, por una u otra razón, no quieren o no pueden vacunarse.
En este grupo de 500 personas, están quienes no se la pueden aplicar por cuestiones médicas, por cuestiones religiosas y por militancia antivacunas. Esto implica un problema, teniendo en cuenta el carácter optativo de la vacunación, ya que el regreso a la presencialidad en ese ámbito no podría implementarse sin accidentes o problemas logísticos.