Por Frei Betto
En el mundo no faltan los recursos, lo que falta es justicia y, sobre todo, compartir. El PIB mundial -la suma de los bienes y servicios producidos en un año- es de 85 billones de reales. Si se dividiera ese valor entre la población mundial, daría para asegurarle a cada familia de cuatro personas ingresos mensuales de 15 mil reales. Por tanto, surge la pregunta: ¿con qué objetivo se produce? ¿atender a las necesidades de la población u obtener ganancias?
La desigualdad mundial es escandalosa. El 1% de la población mundial detenta más riquezas que el 99% restante. Y 26 familias acumulan una fortuna igual a la suma de las riquezas de la mitad de la población mundial; o sea tres mil 800 millones de personas. En Brasil, según el economista Ladislau Dowbor, seis familias acumulan más riquezas que los 105 millones de brasileños que se encuentran en la base de la pirámide social.
Hoy los paraísos fiscales guardan en sus cofres 20 billones de dólares provenientes de la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de dinero. Esa cifra equivale a 200 veces los 100 mil millones de dólares que se decidió destinar a políticas ambientales en la Conferencia de París celebrada en 2015.
Por tanto, es necesario avanzar hacia la democracia económica. No basta la democracia política en la que, teóricamente, todos participan en la elección de sus gobernantes. Todos deberíamos disfrutar de los bienes de la Tierra y los frutos del trabajo humano. Y habría que garantizarle una renta básica universal a cada familia.
Todas ellas merecen el acceso gratuito a los derechos humanos básicos como la alimentación, la salud y la educación. Se engaña quien piensa que eso representa costos. Se trata de inversiones que mejoran significativamente el nivel de desarrollo de la sociedad y la calidad de vida de la población.
Hoy el desafío consiste en perfeccionar la democracia. Hacerla avanzar de mera delegación a una democracia de participación en la cual los ciudadanos decidan el destino de los recursos del Estado mediante sistemas de transparencia de la gestión de dichos recursos, lo que se ve posibilitado por las nuevas tecnologías.
La tributación debería recaer sobre los flujos financieros, a fin de contener el capital especulativo. Desde 1995, Brasil exime a los más ricos de pagar impuestos sobre las ganancias y los dividendos, lo cual constituye una escandalosa injusticia. Una profunda reforma del sistema financiero tendría que dar por resultado el estímulo a los bancos públicos y comunitarios, las cooperativas de crédito y las monedas virtuales.
Sería necesario planificar el desarrollo local integrado, de modo que cada municipio pueda encargarse del manejo sustentable de los recursos naturales y alcanzar así el equilibrio económico, social y ambiental. Establecer una economía del conocimiento que, hoy por hoy, es el principal factor de productividad. Toda la sociedad debe tener acceso a los avances tecnológicos. Es necesario revisar las políticas de patentes, derechos de autor, royalties, para destrabar el avance. Y democratizar los medios de comunicación, combatir los oligopolios, hacer que la sociedad esté bien informada.
Según Joseph Stiglitz, “en las últimas cuatro décadas, la doctrina prevaleciente en los Estados Unidos ha sido que las corporaciones deben potenciar los valores para sus accionistas -esto es, aumentar las ganancias y los precios de las acciones- aquí y ahora, sin importar lo que ocurra, sin preocuparse por las consecuencias para los trabajadores, los clientes, los abastecedores y las comunidades”.
Es esa lógica denunciada por Stiglitz la que genera la desigualdad social y, en consecuencia, todo aquello que significa exclusión y sufrimiento para la mayoría de la población mundial.