El gobierno de Canadá sancionó el miércoles a 14 altos funcionarios del chavismo --incluyendo a Cilia Flores, esposa del gobernante de Nicolás Maduro-- acusándoles de ser responsables del desmantelamiento de la democracia venezolana.
Las medidas, que congelan cualquier bien que los sancionados podrían tener en Canadá, son emitidas después que el régimen de Nicolás Maduro cumpliera con su empeño de realizar elecciones consideradas como fraudulentas por la comunidad internacional y que un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendara que fuese investigado por crímenes de lesa humanidad.
La mayoría de los sancionados son integrantes del chavista Tribunal Supremo de Justicia.
Las sanciones “son consistentes con los principios y valores canadienses y buscan mantener la presión sobre el gobierno venezolano para que restaure la democracia constitucional y respete los derechos humanos y democráticos”, dijo la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en un comunicado
“Estas sanciones envían un claro mensaje de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y de los derechos humanos alrededor del mundo y nuestro rechazo de las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela”, agregó.
Además de Flores, las sanciones aplicadas afectan a los dirigentes bolivarianos Tania Díaz, vicepresidenta de la controversial Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, a Fidel Ernesto Vásquez Iriarte, director general de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, y a Erika del Valle Farías Peña, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas.
Asimismo, la medida afecta al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Ramón Darío Vivas Velasco, al magistrado Christian Tyrone Zerpa, a la magistrada Fanny Beatriz Márquez Cordero, al magistrado Malaquías Gil Rodríguez, la magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, y la magistrada Jhannett María Madriz Sotillo.
Entre los sancionados también se encuentran Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector suplente del Consejo Nacional Electoral, Xavier Antonio Moreno Reyes, secretario general del Consejo Nacional Electoral y Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social.
Las medidas fueron anunciadas en momentos en que aumentan las sanciones y las presiones internacionales contra el régimen para tratar de obligarle a restaurar la democracia y a respetar los derechos humanos.
En un devastador informe anunciado el martes, un panel internacional independiente concluyó que existe suficiente evidencia de que soldados y paramilitares vinculados al chavismo asesinaron al menos 131 venezolanos en las protestas del 2014 y el 2017, al tiempo que unas 8,300 ejecuciones extrajudiciales han sido documentadas en el país petrolero.
El informe también devela más de 12,000 detenciones arbitrarias, expone el uso recurrente de la tortura e identifica más de 1,300 presos políticos, y recomienda al Secretario General de la Organización de Estados Américanos, Luis Almagro, activar los mecanismos de los Estatutos de Roma para solicitarle a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación sobre los asesinatos y arrestos arbitrarios presuntamente cometidos por el régimen de Maduro.
Reaccionando al informe, Canadá dijo el martes que estaba “consternada aunque no sorprendida” y advirtió que tomaría nuevas medidas por “los abusos del régimen de Maduro contra su pueblo y los ataques a la democracia”.