“El petro”: La primera criptomoneda gestionada por un gobierno

La regulación de esta a través de un sistema de cambio dificultaría su rendimiento en el mercado, debido a que la principal característica de este instrumento digital es su facilidad de convertibilidad

En una alocución realizada el domingo, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una criptomoneda que tendrá como respaldo reservas de recursos naturales venezolanos como el oro, el gas, el diamante y el petróleo

“Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Va a crear 'el petro' para avanzar en el tema de la soberanía monetaria y asumir sus transacciones financieras para vencer el bloqueo”, dijo el jefe de Estado.

Venezuela se convertiría en el primer país del mundo en crear una criptomoneda controlada por un gobierno y con respaldo en reservas del país, si se aplica esta medida.

Historia de una innovación

Las criptomonedas son un concepto creado por el japonés Satoshi Nakamoto en 2009 bajo una serie de instrucciones informáticas. Dentro de este apartado, salió a la luz el bitcoin.

Considerada la primera moneda virtual del mundo, el bitcoin tiene como novedad que no está regido por ningún banco central del mundo. La única restricción es un código informático que limita la cantidad de monedas que se encuentran en el mercado virtual, este algoritmo evita que se emitan más bitcoins.

Cuando el bitcoin salió al mercado hace siete años, tenía un valor de 0 dólares, mientras que ahora su precio ronda los 11.382 dólares. Algunos analistas internacionales coinciden en que el precio de la criptodivisa podría cerrar este año en más de 25.000 dólares.

De acuerdo con el portal Blockchain, diariamente se realizan en el mundo un aproximado de 380.555 transacciones en esta criptomoneda.

Algunas medidoras de riesgo financiero como Goldman Sachs se muestran preocupadas por el precio del bitcoin. Alegan que su precio se ha inflado en más de 350%. Incluso llegaron a dudar de su concepción como moneda y lo consideran más una commoditie, como el petróleo o los metales.

Dudas sobre su aplicación

En el caso venezolano, una criptomoneda no es considerada ilegal, pero tampoco hay una normativa o ley que regule su uso. Sin embargo, es conocida en el país, debido a que hay personas que trabajan con ellas.

Ante la escasez de divisas y la constante devaluación del bolívar frente al dólar estadounidense, muchos ciudadanos practican la “minería” de estas monedas virtuales en computadoras especializadas. Esta actividad consiste en revisar las operaciones que se realizan en bitcoin en el mundo, así los “mineros” perciben comisiones por mantener la operación en sus equipos.

Andrés Guevara, experto en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), indicó que el hecho de que el Estado maneje una criptomoneda genera dudas en cuanto a su funcionamiento. Además, se desconoce si va a funcionar como el resto de las divisas electrónicas o si va a ser un medio de pago más controlado por el Estado.

“Las criptomonedas no dependen de ninguna banca central y funcionan con absoluta convertibilidad. El anuncio del presidente Maduro no tiene las bases necesarias para saber hacia dónde va 'el petro' y cómo va a funcionar”, advirtió.

Guevara hizo énfasis en que si el gobierno no ha sabido manejar un sistema de libre convertibilidad a través de las divisas tradicionales y hay opacidad en las cifras de la economía venezolana, es difícil saber exactamente cómo va a manejar un mercado de criptomonedas que tiene un nivel de complejidad por la cantidad de elementos informáticos y de seguridad que se deben tener en cuenta.

Uno de los elementos que ha impulsado el precio de las principales criptomonedas del mundo como el bitcoin ha sido precisamente su fácil convertibilidad en cualquier divisa del mercado internacional. Ante esta realidad, el experto en finanzas del IESA advirtió que el rendimiento de' "el petro" "va a depender del grado de libertad que el gobierno garantice en la convertibilidad de ese activo”.

“Conociendo la tendencia del Ejecutivo de no garantizar el libre cambio del bolívar en todos los experimentos cambiarios, se puede deducir que no lo va a garantizar con una criptomoneda”, aseguró.

Al preguntarle a Guevara sobre el posible uso de “el petro” como un mecanismo para pagar las deudas que el gobierno no ha podido saldar con los tenedores de bonos, aseguró que para poder realizarse un pago distinto al acordado -cancelación en dólares- es necesario modificar los términos y condiciones establecidos en el contrato.

“Si el gobierno quisiera hacer el pago a través de ‘el petro’, primero deberá reunirse con los acreedores y plantearles la alternativa. Sin embargo, no es tarea fácil porque los tenedores de bonos deben tener confianza en la moneda y reunir una serie de formalismos y requisitos para formalizar el cambio en el modelo de pago”, agregó.

Privacidad

Otro de los temas importantes que se debe manejar en el uso de una criptomoneda es la privacidad de las transacciones.

Las operaciones que se realicen a través de esta criptomoneda no se pueden conocer porque la dirección IP de la computadora varía constantemente. Además, tampoco se ofrecen datos personales como números de tarjetas de crédito o claves de seguridad.

“La privacidad, dependiendo de la criptomoneda que se utilice, es un elemento fundamental para generar confianza en el usuario. Si el Estado va a manejarla, la falta de confianza es grande porque, de alguna manera, puede tener acceso a los datos y controlar la información de cada transacción”, detalló Guevara.

Intentos de regularla

Algunos países de Latinoamérica, como Argentina, implementaron cajeros automáticos para canjear la criptomoneda en una moneda física. Esta acción y los intentos por implementar una legislación son algunas de las medidas establecidas por los Estados para evitar que este instrumento sea utilizado de forma ilegal.

“Puede utilizarse tanto para transacciones lícitas, como ilícitas; por ejemplo, el lavado de dinero (…) A ‘el petro’ habrá que darle una legalidad mucho mayor porque el gobierno tiene que considerar qué tipo de activo va a ser y su uso dentro del territorio venezolano”, sentenció.