La clase política chilena enfrenta uno de los mayores desafíos desde la vuelta de la democracia en 1990 tras el estallido social del pasado jueves, desencadenado por el aumento del precio del metro y alimentado por un más amplio malestar social. En estos días de emergencia, mientras las autoridades intentan dar ciertas señales de unidad para calmar la crisis, no se detiene la protesta, ni la pacífica ni la violenta. Al menos 15 personas han muerto desde que comenzaran los altercados violentos en el país sudamericano. Además, el principal sindicato chileno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto a otras organizaciones ha convocado una huelga general para este miércoles.
La protesta se ha extendido a diferentes ciudades de Chile y tiene a la capital bajo el control militar y con toque de queda, como en otras seis regiones del país. Las clases de escolares y universitarios se mantienen suspendidas en buena parte de Santiago. El dólar se disparó y la bolsa se desplomó un 4,6%. El metro, que transporta diariamente a 2,8 millones de personas, sigue suspendido, salvo la línea 1, que opera parcialmente. Al menos 1.333 personas han sido detenidas y 88 heridas con armas de fuego, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El domingo, cuando los tres poderes del Estado se reunían en La Moneda para intentar buscar juntos una salida al conflicto, las movilizaciones callejeras continuaban y los manifestantes parecían inmunes a los intentos de sus dirigentes.El desafío para la clase política es mayúsculo en un país donde vota el 49% de los ciudadanos y las instituciones democráticas como el Gobierno, el Congreso y los partidos tienen una mínima valoración. En el Congreso, con mayoría opositora, los parlamentarios de la Cámara de Diputados aprobaron este lunes el proyecto de ley para suspender el alza de las tarifas de metro, anunciado por el presidente Sebastián Piñera la víspera. El Senado lo ha hecho esta tarde. Pero aparte de esta medida, La Moneda no ha anunciado una agenda concreta que pueda ayudar a parar el conflicto, al menos en parte. No han contribuido a la calma y a una salida política las declaraciones del mandatario, que no se ha enfocado en el malestar de sus compatriotas que hizo estallar el conflicto que en los hechos vandálicos: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, indicó sobre los violentos que han destruido buena parte de la red de metro de Santiago, saqueado supermercados y locales comerciales o incendiado decenas de autobuses, instalando un estado de caos en diferentes lugares del país. “Desde la política, indudablemente, la respuesta no puede ser la misma para todas estas demandas”, concluye Cavallo. “Esta crisis no se apaciguaría ni siquiera si cambiara el Gobierno, que técnicamente está arruinado y puede hacer poco, salvo algunas leyes que reparen la sensación de agobio de la clase media". Sobre una posible salida, indica: "Este estallido se va a apagar solo, como en 1949 o 1957, porque Chile tiene reventones sociales cada 10 años. Pero el costo material será enorme y el psicológico, para la población, gigantesco".
