Almagro podría impulsar otra denuncia contra Maduro en La Haya

Desde que el excanciller uruguayo asumió en mayo de 2015 la secretaria general, la OEA se ha enfrentado a la narcodictadura de Maduro y ahora lleva la batalla hasta La Haya. A principios de la semana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro anunció que para el miércoles 06 de junio enviaría a la Corte Penal Internacional un informe de un grupo de expertos que apunta a la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela y considera al presidente de facto, Nicolás Maduro como el “autor intelectual de la represión”. El objetivo de Almagro es que el tribunal, con sede en La Haya, utilice la nueva información para abrir una investigación sobre la atroz campaña contra los venezolanos o bien incorporarlas a sus otras pesquisas sobre el asunto.

La decisión de Almagro llega al día siguiente de que un panel de tres expertos internacionales determinara, en una investigación solicitada por la OEA, que hay “fundamento suficiente” para considerar que los ataques a la población civil venezolana, desde al menos febrero de 2014, constituyen “crímenes de lesa humanidad” conforme al Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional (CPI). Los especialistas pidieron remitir las conclusiones de la investigación al fiscal del tribunal de La Haya. “La intención de Almagro es hacerlo hoy”, explicaron este miércoles fuentes de la OEA.

Como signataria del Estatuto de Roma, en 1998, Venezuela acepta la jurisdicción de la CPI, que tiene competencias para investigar la represión de Maduro siempre que quede demostrado que la justicia venezolana no lo está haciendo. Para conocer si puede Almagro activar una investigación en la Haya, fue consultada la profesora Rosa María Pérez Lárez, experta en política internacional, quien dice que “la OEA no puede enviar un caso al tribunal internacional. Solo pueden hacerlo los Estados miembros de la organización panamericana. De 34 que forman parte de ella hay 28 que han suscrito el Estatuto de Roma”. Bastaría que uno de dichos Estados enviara el caso para que la Oficina del Fiscal de la CPI abriera automáticamente una investigación. Este, sin embargo, no es el caso. “Hasta donde sabemos, Almagro remite el informe de la OEA a título personal, lo que no obliga al tribunal a actuar a no ser que lo determine un grupo de jueces”, explica Pérez Lárez.

Efectivamente, Almagro viene haciendo estas diligencias a través de representantes y apoderados. Desde julio del 2017, Almagro alertó acerca de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y eligió a Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI, para iniciar una investigación. Pero el jurista argentino abandonó esa tarea en octubre después de que informaciones periodísticas revelaran que, durante su etapa en La Haya entre 2003 y 2012, tuvo dinero en un paraíso fiscal. Almagro designó entonces a tres expertos: el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; e Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá. “Sin embargo, con la salida de Venezuela de la OEA y la posición condenatoria que ha asumido la comunidad internacional para con el régimen de Maduro, no es loco pensar que si en la persona de Almagro no se logran los resultados deseados, es probable que hayan países dispuestos a enviar el caso, contando con los insumos de las investigaciones de la OEA como respaldo”, explica la experta internacionalista.

Desde febrero del 2018, la CPI anunció que iniciaría investigaciones sobre los actos de represión cometidos por Nicolás Maduro y su régimen durante las protestas del año 2017. Se trata del último caso que recibe la CPI proveniente de Latinoamérica, que entre 2001 y 2017 había enviado 7 casos más a la Haya, lo que la vuelve de lejos la región con mas casos abiertos en la corte.