El gobierno de los Estados Unidos presentó una demanda contra Ripple Labs en diciembre de 2020, alegando que la compañía había vendido XRP como un valor no registrado en violación de las leyes federales de valores. La demanda acusó a Ripple Labs y a dos de sus ejecutivos principales de recaudar más de 1.300 millones de dólares a través de una oferta inicial de monedas (ICO) no registrada.
Según la demanda, Ripple Labs vendió XRP como un valor sin registrar desde 2013 hasta la fecha de presentación de la demanda, lo que resultó en una ganancia significativa para la compañía y sus ejecutivos. La demanda también alega que Ripple Labs pagó a los intercambios de criptomonedas para que proporcionaran liquidez a XRP, lo que aumentó aún más el valor de la criptomoneda.
La demanda del gobierno de los EE.UU. tuvo un impacto significativo en el valor de XRP, que cayó abruptamente después de que se anunciara. Muchos intercambios de criptomonedas suspendieron la negociación de XRP en respuesta a la demanda.
Ripple Labs ha negado las acusaciones y ha declarado que XRP no es un valor, sino una moneda digital utilizada para facilitar las transacciones transfronterizas. La compañía ha argumentado que la demanda es perjudicial para la industria de las criptomonedas en general y que el gobierno de EE.UU. ha proporcionado una orientación insuficiente sobre la regulación de las criptomonedas.
La demanda contra Ripple Labs aún no ha sido resuelta y sigue siendo un tema de interés para la industria de las criptomonedas y los reguladores financieros. Si el gobierno de los EE.UU. prevalece en su demanda, podría tener implicaciones significativas para la industria de las criptomonedas y la regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos.