La corrupción no es solo responsabilidad de las entidades públicas; es una enfermedad social que ataca a todas las personas y a las instituciones; por ello, se ve una desconfianza generaliza en las instituciones por la mayor o menor historia de corrupción de estas.
Un marco legal rígido y coercitivo, han demostrado que las severas penas no impiden reducir los niveles de corrupción en las entidades públicas y privadas.
La violencia social, la pobreza, las leyes, el marco legal, las políticas de Estado, los gobernantes, las injusticias a todo nivel y la indiferencia nos permite generar condiciones para que los actos de corrupción no solamente se generen sino se incrementen progresivamente.
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