- El confinamiento se está utilizando como estrategia en el conflicto
El confinamiento es una estrategia utilizada por actores armados no estatales para ejercer control. Quien controla la población también controla el territorio y las economías ilícitas. Las amenazas, el uso de minas terrestres, los asesinatos, la violencia sexual, la violencia armada y la imposición de toques de queda tienen como objetivo restringir la movilidad de las poblaciones. Una comunidad confinada es una comunidad atrapada
- Un número récord de personas se han visto obligadas a permanecer en confinamiento
Hoy, unas 20.000 personas permanecen confinadas en Colombia. Durante 2022, el confinamiento superó las cifras históricas de los últimos 10 años por disputas territoriales entre actores armados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA)
Tras la firma del acuerdo de paz en 2016, aumentaron los eventos de confinamiento, y 2022 fue el peor año hasta la fecha, con unas 110.000 personas forzadas al confinamiento. Desde 2017 hasta diciembre de 2022, OCHA ha informado cerca de 200 eventos de bloqueo.
- El encierro y la lucha por la supervivencia
Cuando las comunidades están confinadas, se ven obligadas a sobrevivir solo con los alimentos que tienen en sus hogares, pero los suministros pueden agotarse rápidamente. Las familias se ven obligadas a permanecer en sus hogares por tiempo indefinido, sin previo aviso y sin posibilidad de preparación. Las comunidades son incapaces de hacer lo que tienen que hacer para mantenerse, como la pesca, la caza y la agricultura, así como actividades económicas como la minería tradicional o la tala. A los niños y jóvenes se les impide ir a la escuela
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la amenaza a la seguridad alimentaria por los bloqueos de aldeas y la restricción de acceso a campos de cultivo e infraestructura agrícola está teniendo efectos devastadores en la población
- El miedo silencia a la población
Los eventos de confinamiento a menudo ocurren en silencio. Muchas comunidades no hablan de lo que les pasa porque la gente se siente amenazada y temerosa. Además de las restricciones a la circulación de personas, también se restringen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Las comunidades a veces solo tienen dos opciones cuando están confinadas por grupos armados: permanecer en silencio o sufrir las consecuencias.
- Indígenas y afrocolombianos son los más afectado
Los confinamientos se concentran de manera desproporcionada en ciertas áreas del país y continúan aumentando en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Nariño, que albergan principalmente comunidades indígenas y afrocolombianas.
Más de la mitad de los casos de confinamiento en el país se concentran en el departamento del Chocó, con 107 eventos registrados entre enero de 2017 y diciembre de 2022 (OCHA). En ese mismo período, el 68% de los hechos denunciados afectaron a una comunidad étnica.
Tras las amenazas de los grupos armados, 144.000 indígenas y 64.838 afrocolombianos se han visto obligados a permanecer en sus hogares. Los municipios más afectados del país son Alto Baudó y Bojayá en Chocó y Buenaventura, en el Valle del Cauca
El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) hace un llamado al gobierno colombiano y a los grupos armados para que negocien el fin de la práctica de los actores no estatales de confinar a comunidades enteras en sus hogares o territorios, restringiendo su acceso a la atención médica y la educación, y limitando su capacidad para vivir. encontrar trabajo.
Hechos y datos:
En 2022, alrededor de 2,6 millones de personas se vieron afectadas por 192 eventos que restringieron su movilidad y limitaron su acceso a bienes, servicios o derechos.
Entre 2017 y 2022, más de 30.000 niños se vieron afectados por confinamientos que les impedían asistir a la escuela o continuar con sus estudios.
Entre enero y noviembre de 2022 hubo 133 eventos que restringieron la movilidad de las organizaciones de ayuda humanitaria, limitando el acceso humanitario a 36.200 personas