Protestas en Venezuela 2017 contra el Gobierno de Nicolas Maduro...

PROTESTAS EN VENEZUELA 2017
Las protestas de Venezuela en 2017, apodadas por los medios de comunicación como “La primavera Venezolana” o “La Rebelión de Abril” son unas olas de protestas a nivel nacional en contra del presidente Nicolás Maduro, originada por la crisis institucional en Venezuela y otros eventos políticos relacionados a la conflictividad política de ese país en los meses precedentes, principalmente posteriores a las elecciones parlamentarias del 2015.
La crisis constitucional de Venezuela se produjo por el “rompimiento del hilo constitucional “ de ese país, a raíz de que el tribunal supremo de justicia (TSJ) dictara la decisión 156 la cual se atribuye así mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro , la cual origino una nueva oleada de protestas. Al momento de darse las sentencias las reacciones de la Asamblea Nacional, como diferentes órganos de la región, fueron totalmente negativas.
Algunos clasificaron dichas acciones, como un “Autogolpe de Estado” y que se estaba disolviendo a la AN, lo que suscito protestas en caracas y otros estados del país.
En Venezuela, el índice inflacionario correspondiente a este periodo según, estimaciones privadas, habría sobrepasado el 500%. Mientras que para el inicio del año 2017, en los últimos años de gobierno de Nicolás Maduro, en el país habían sido asesinadas 21.334 personas, sumando así 287.926 muertes violentas en el país en el gobierno de la Revolución Bolivariana.
El 27 de Abril el Gobierno de Nicolás Maduro ordena el retiro de Venezuela de la (OEA) y las relaciones diplomáticas de Venezuela con los demás países caen a un punto crítico.
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE CUERPOS DE SEGURIDAD
El 17 de agosto del 2017, alrededor de 41 individuos liberados por la brigada 41 del capitán fugitivo Juan Caguaripano atacan la base militar de Paramacay cerca de valencia sustrayendo armas del fuerte, mientras que varios residentes apoyaron la rebelión protestando en las calles.
El 13 de Junio funcionarios del SEBIN y CONAS irrumpieron en las residencias del paraíso, Caracas, sin órdenes de allanamiento, disparándole al perro de unos de los vecinos del proceso.
GRUPOS VIOLENTOS
De acuerdo al mismo informe, los grupos armados, pro gobierno o anti gobierno, dejaron un saldo de 31 víctimas de homicidio. El informe de ACNUDH destacó las acciones de lo que denominó como “colectivos armados“, término usado para llamar a los grupos armados progubernamentales que intimidan, amenazan y atacan a las personas consideradas como opositoras al gobierno, registrando casos en los que los funcionarios policiales y militares se retiraron del lugar una vez que los civiles armados llegaban. El informe también indicó, refiriéndose a los manifestantes opositores, que “el nivel de violencia de esos grupos se incrementó a medida que aumentaba el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”. Según el comisionado, las cuatro personas que fallecieron por la acción de estos grupos fueron Amelina Carrillo, Orlando Figuera, Danny Subero y Héctor Anuel Blanco. El 20 de mayo de 2017, durante una protesta en, manifestantes opositores golpearon y prendieron en fuego a Orlando Figuera después de un enfrentamiento y de creer que intentaba robar.
El 27 de mayo de 2017, durante el velorio de un protestante fallecido en el municipio Palavecino del estado Lara, un grupo de opositores linchó al oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Danny Subero.185186 El informe reseña que la Defensoría del Pueblo informó que 23 personas resultaron heridas a consecuencia de ataques violentos perpetrados presuntamente por grupos antigubernamentales, asegurando que "el Gobierno ha denunciado actos de vandalismo, que incluyen, por ejemplo, quema de almacenes de alimentos, quemas de ambulancias y autobuses, y saqueos. Estos incidentes no estaban directamente relacionados con las protestas, pero reflejan la situación de malestar social y el alto nivel de violencia existentes en el país.
LIBERTAD DE EXPRESION
El mismo informe recoge una serie de violaciones de los derechos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante las manifestaciones, denuncia campañas de desprestigio contra periodistas por parte de las autoridades venezolanas y da cuenta del cierre de medios en distintas partes del país. Según el informe, “los ataques contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación durante las manifestaciones consistieron en ataques físicos (palizas y heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones de plástico), detenciones arbitrarias e incautación o destrucción de sus equipos.
“A partir de las entrevistas realizadas y de la información suministrada por organizaciones no gubernamentales, los encargados de la realización del documento explican que “en varias ocasiones, las fuerzas de seguridad confiscaron, rompieron o sustrajeron el equipo de trabajadores de los medios de comunicación”. Estas acciones violentas en contra de los profesionales de la comunicación “se vieron motivadas por la grabación de los actos de represión de las manifestaciones, y en particular de la detención de manifestantes”. Además se señala que “si bien las fuerzas de seguridad cometieron la mayor parte de las violaciones contra los periodistas, éstos también fueron blanco de ataques por parte de los manifestantes y partidarios tanto de la oposición como del Gobierno.
RESPUESTA DEL ESTADO HACIA LA OPOSICION
Es una patética demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela“, señaló en un comunicado el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero. Estas declaraciones las ofreció el 30 de agosto en referencia al informe que había sido publicado por el organismo y estuvieron acompañadas de calificativos como “infundados” y “manipulado”. Afirmó que “tan infundado informe” ha sido elaborado sin mandato alguno, dado que no ha mediado ninguna solicitud formal de los órganos.
2.translation!
PROTESTS IN VENEZUELA 2017
The protests of Venezuela in 2017, dubbed by the media as "The Venezuelan Spring" or "The April Rebellion" are waves of protests at national level against President Nicolás Maduro, caused by the institutional crisis in Venezuela and other political events related to the political conflict in that country in the preceding months, mainly after the parliamentary elections of 2015.
The constitutional crisis in Venezuela was caused by the "breaking of the constitutional thread" of that country, as a result of the supreme court of justice (TSJ) dictating the decision 156 which also attributes the functions of the National Assembly (AN) and extend the powers of President Nicolás Maduro, which originated a new wave of protests. At the time of the sentences, the reactions of the National Assembly, as different organs of the region, were totally negative.
Some classified these actions, as a "State Autogolpe" and that was dissolving the AN, which prompted protests in Caracas and other states of the country.
In Venezuela, the inflation rate corresponding to this period according to private estimates, would have surpassed 500%. While for the beginning of 2017, in the last years of the government of Nicolás Maduro, 21,334 people had been murdered in the country, adding 287,926 violent deaths in the country in the government of the Bolivarian Revolution.
On April 27, the Government of Nicolás Maduro orders the withdrawal of Venezuela from the (OAS) and the diplomatic relations of Venezuela with the other countries fall to a critical point.
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS BY SECURITY BODIES
On August 17, 2017, about 41 individuals released by the 41st brigade of fugitive captain Juan Caguaripano attacked the Paramacay military base near Valencia, removing weapons from the fort, while several residents supported the rebellion protesting in the streets.
On June 13, SEBIN and CONAS officials burst into the residences of paradise, Caracas, without search warrants, shooting the dog of one of the neighbors of the process.
VIOLENT GROUPS
According to the same report, the armed groups, pro-government or anti-government, left a balance of 31 homicide victims. The OHCHR report highlighted the actions of what he termed as "armed groups," a term used to call pro-government armed groups that intimidate, threaten and attack people considered to be government opponents, recording cases in which police officers and The military withdrew from the scene once the armed civilians arrived. The report also indicated, referring to the opposition demonstrators, that "the level of violence of these groups increased as the use of force increased by the security forces." According to the commissioner, the four people who died by the action of these groups were Amelina Carrillo, Orlando Figuera, Danny Subero and Hector Anuel Blanco. On May 20, 2017, during a protest in which opposition protesters beat and set fire to Orlando Figuera after a confrontation and believing that he was trying to steal.
On May 27, 2017, during the wake of a Protestant who died in the Palavecino municipality of Lara state, a group of opposition activists lynched the retired officer of the Bolivarian National Guard Danny Subero.185186 The report states that the Ombudsman's Office reported that 23 people were injured as a result of violent attacks perpetrated allegedly by anti-government groups, ensuring that "the Government has reported acts of vandalism, including, for example, the burning of food stores, burning of ambulances and buses, and looting. directly related to the protests, but reflect the situation of social unrest and the high level of violence in the country.
FREEDOM OF EXPRESSION
The same report includes a series of violations of the rights of journalists and media workers during the demonstrations, denounces smear campaigns against journalists by the Venezuelan authorities and reports the closure of media in different parts of the country. According to the report, "the attacks against journalists and other media workers during the demonstrations consisted of physical attacks (beatings and wounds caused by tear gas canisters and plastic pellets), arbitrary arrests and seizure or destruction of their equipment.
"Based on the interviews and information provided by non-governmental organizations, those responsible for carrying out the document explain that" on several occasions, the security forces confiscated, broke or stole the workers' team from the media.
intergubernamentales competentes de Naciones Unidas.
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